"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
En la buena dirección
Derechos reales
05/03/2012
José Manuel González Huesa, director de “cermi.es” y director general de Servimedia
“Los derechos humanos son sus derechos. Hay que tomarlos, defenderlos, promoverlos, entenderlos e insistir en ellos. Nutrirlos y enriquecerlos. . . Son lo mejor de nosotros. Por eso hay que darles vida”, decía el que fuera secretario general de la ONU Kofi Annan, cargo que ocupó entre 1997 y 2006. Las personas con discapacidad conocen bien sus derechos, han luchado por ellos y saben mejor que nadie la dificultad de poner en marcha legislaciones porque lo más complicado es su aplicación práctica.
Hoy todavía, por ejemplo, se incumple la LISMI, ley que se instauró hace 30 años y que obligaba a las empresas con más de 50 trabajadores a incluir en su plantilla a un 2 por ciento de personas con discapacidad. Han pasado tres décadas, ha habido ampliaciones de esta reserva en las administraciones públicas y se mantienen las dificultades para su cumplimiento.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 ya forma parte del derecho al haber sido ratificada y firmada por la mayoría de los estados miembros de la ONU. Uno de sus artículos (el número 12) establece que “las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapaciad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”.
El mismo artículo insiste en que los estados deben establecer “las salvagurdas adecuadas y efectivas para impedir los abusos” en la medida que permitan desarrollar la capacidad jurídica establecida; por tanto los gobiernos tienen que adaptar sus legislaciones nacionales y hacer realidad unos derechos reconocidos por todos.
En este sentido, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, ha pedido a los gobiernos europeos que acaben con aquellos mecanismos legales que permiten la “incapacitación jurídica plena” de las personas con discapacidad intelectual. Hammarberg quiere que puedan ejercitar sus derechos básicos como el voto en unas elecciones o decidir dónde quieren vivir.
El propio comisario y diplomático sueco ha elaborado un texto titulado “Las personas con discapacidad intelectual no deben ser privadas de sus derechos individuales” e insiste en que están sometidos en muchos países a un régimen de tutela tan servero que les priva de su capacidad jurídica y, concluye, “no pueden ejercer sus derechos”.
La legislación tiene tantos huecos y matices que los gobernantes deben poner orden en el edificio jurídico sobre el que se basa la igualdad de todos los ciudadanos. Como decía Voltaire, “todos las personas tienen iguales derecho a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes”.
